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martes, 21 de noviembre de 2017

EL RETORNO DE LOS JABALÍES






En un tiempo donde se habla mucho de memoria histórica y de la misma se pretende hacer constante actualidad, llama la atención que sea más lo que se oculta o se ignora que lo que sale a la luz. En un tiempo donde se idealiza el periodo de la Segunda República, resaltándose sus éxitos y minimizando sus errores, se ignora la existencia, durante la legislatura constituyente de la misma, de un grupo oficioso de diputados conocido como "los Jabalíes".

            El nombre de "los Jabalíes" se debe a un discurso pronunciado por don José Ortega y Gasset, en Octubre de 193, en el que afirmaba que "es de plena evidencia, que hay, sobre todo tres cosas que no podemos venir a hacer aquí, ni el payaso, ni el tenor, ni el jabalí" para referirse a un grupo de diputados, considerados de extrema izquierda, que precisamente se dedicaban en el Congreso a esas tres mencionadas  actividades y entre los que destacaba un pionero y héroe de la aviación española, diputado por la circunscripción de Barcelona y elegido en las listas de Esquerra Republicana Cataluña, llamado Ramón Franco Bahamonde (1).

            La anterior introducción histórica que podrá parecer sin sentido no lo es tanto si consideramos que lo que en otros países es Historia, y por tanto objeto de reflexión intelectual sobre el pasado, en el nuestro es actualidad y objeto de la actividad política, lo que hace en gran medida que la Historia de España sea más bien aburridamente repetitiva que meramente cíclica pudiéndose decir que no hay acontecimiento que hoy ocurra que no haya ocurrido antes de la misma manera aunque en tiempo diferente y con distintos protagonistas. Conforme a esta expresada filosofía, no puede por menos que llamar poderosamente la atención que en el actual Congreso de los Diputados, al igual que en las Cortes Constituyentes de la II República, hayan reaparecido "los Jabalíes" aunque esta vez se trate de un grupo reducido, por el momento, a un solo diputado elegido, al igual que Ramón Franco, por la circunscripción de Barcelona y en las listas de Esquerra Republicana de Cataluña. Evidentemente me estoy refiriendo a Gabriel Rufián.

            Lejos de ser un Demóstenes o un Cicerón, Gabriel Rufián no pasará a la historia del parlamentarismo por acudir al Congreso para lanzar alguna Filípica o Catilinaria u otra pieza oratoria menor, sino por los divertidos espectáculos que monta en el Congreso que hacen que la pretendida augusta institución se convierta en un Cabaret de Varietés de medio pelo.

            Cuando el señor Rufián no utiliza la palabra para lanzar recios mensajes al gobierno sobre la higiene básica de las manos aparece por el hemiciclo con una antigua impresora de ordenador ignorando que, como elemento informático periférico, de nada sirve sin conexión a un ordenador o con unas esposas en plan dómine haciendo desear al expectante público su aparición sobre el escaño con la correspondiente fusta que haga derivar el show hacia un espectáculo erótico festivo de carácter no tradicional.

            Y es que Gabriel Rufián no es que se perfile, sino que se ha convertido en el nuevo "Jabalí" del Congreso, un digno sucesor de aquel grupo de "los Jabalíes" de las Cortes republicanas que encabezara el Comandante Franco y que, al igual que aquellos, pretende imitar a la "Montaña" de la Asamblea Legislativa francesa de 1791, fracasando en tal intento por no alcanzar, ni aproximarse siquiera, la categoría de un  Marat, aunque sí pudiera llegar a la de un Fouché por los hábiles equilibrios que mantiene cuando dice una cosa y hace la contraria manteniendo a su público siempre contento (2).















(1) Ramón Franco Bahamonde, pionero de la aviación española y héroe del Plus Ultra, se presentó a las Elecciones Generales del 28 de Junio 1931 por las circunscripciones de Sevilla y de Barcelona, en la primera, junto con el andalucista Blas Infante, por las listas del Partido Republicano Revolucionario y en la segunda por las listas de Esquerra Republicana de Catalunya. Saliendo elegido por ambas circunscripciones y listas  renunció a su acta por la capital hispalense convirtiéndose en diputado por Barcelona e integrándose en el grupo parlamentario de Esquerra Republicana de Catalunya.


(2) ¿No constituye un ejemplo de equilibrio propio de un genial funambulista decirse ciudadano, miembro y partidario de una proclamada República Catalana independiente, suscribiendo una escueta despedida de España en una red social y continuar acudiendo al Congreso de los Diputados a calentar el escaño y a percibir la nómina que le abona el Reino de España?. ¿No es otro ejemplo de equilibrio magistral el decir "Adiós España" en twitter y "Buenos días" todos los días en el Congreso de los Diputados?.

lunes, 6 de noviembre de 2017

CATALUÑA, OTRA VUELTA DE TUERCA


Lasemana pasada criticábamos, desde estas páginas, la actitud de los políticosindependentistas catalanes ante la aplicación del artículo 155 de laConstitución y, especialmente, la salida del territorio catalán del Presidentde la Generalitat porque daba la impresión de que les había fallado la fe en elproceso que ellos mismos habían iniciado y que, realmente, carecían de voluntadpara culminarlo. No obstante, la decisión judicial  tomada por la Juez titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, el pasado 2 de Noviembre de 2017, de decretar prisión provisional contra el Vicepresidente de la Generalitat y siete Consejeros más del gobierno catalán da un giro inesperado a la situación existente que viene a explicar lo que parecía inexplicable y que demuestra que, lejos de haber terminado la partida de ajedrez iniciada por Carles Puigdemont porque éste había tirado el tablero, tal y como dijimos la semana pasada, la partida no ha terminado y Puigdemont ha vuelto a entrar en juego.

            Si la aplicación limitada del artículo 155 de la Constitución con una convocatoria de elecciones autonómicas en Cataluña en menos de dos meses, unida a la actitud  generalizada de sumiso acatamiento por parte de los políticos catalanes y a la salida de territorio catalán del President de la Generalitat, había descolocado al mundo independentista y supuesto un cierto desprestigio de la casta política catalana;  la prisión preventiva decretada contra Oriol Junqueras y siete Consejeros del gobierno catalán reabre, revive y agudiza el problema y hace que, si era posible que de las elecciones del 21 de Diciembre resultara una composición parlamentaria distinta a la existente antes del 27 de Octubre, ahora sea seguro que las elecciones planeadas no resolverán nada arrojando las mismas mayorías parlamentarias en Cataluña, o incluso, un incremento de apoyos electorales al bloque separatista.

            Nunca un estado y sus instituciones han actuado jamás con mayor ceguera política ni de peor manera para la defensa de sus intereses aunque, después de lo visto el 2 de Noviembre con la prisión provisional decretada contra una parte del destituido gobierno autonómico catalán, caben muchas, muchísimas, dudas de cuáles son esos intereses y si los mismos coinciden con los intereses de la inmensa mayoría de los españoles.

            Desde el punto de vista jurídico, la prisión provisional constituye la más grave medida cautelar que se puede decretar contra un investigado (antes imputado) en la fase de instrucción de un procedimiento penal que tiene que fundamentarse en la posibilidad de destrucción de pruebas y de continuación  en el acto delictivo por parte del reo, en la posibilidad de sustraerse a la acción de la justicia del mismo y en la repercusión o alarma social que los hechos hayan suscitado. En el presente caso, solo con una interpretación extremadamente rigorista y, hasta cierto punto, torticera de la ley concurren esos requisitos.

            En primer lugar, una vez destituido el Gobierno Catalán, sus Consejeros y Vicepresidente ya no pueden ordenar nada que suponga la destrucción de pruebas y si esto se produjera sería porque funcionarios subalternos lo estarían haciendo motu proprio, no porque esas autoridades destituidas lo estuvieran ordenando.

            En segundo lugar, no se puede deducir que los investigados vayan a continuar en la presunta acción delictiva porque al ser cesados y al haberse disuelto el parlamento catalán los investigados han perdido toda condición de autoridad, solo desde la cual, han podido cometer los supuestos delitos que se les imputan porque sin esa condición de autoridades difícilmente se puede malversar fondos públicos para destinarlos a un referéndum ilegal o proclamar más república independiente que la de su propia casa. Si contra esto se argumenta que los investigados manifiestan que de continuar siendo autoridades volverían a hacer lo mismo, lo que se estaría sancionando sería exclusivamente una determinada tendencia ideológica además de demostrarse que la administración de justicia actúa arbitrariamente porque, las cosas como son, Oriol Junqueras y los demás Consejeros del Gobierno Catalán llevan afirmando que iban a ir a la Declaración Unilateral de Independencia y actuando públicamente en ese sentido desde que fueron elegidos en las elecciones catalanas de 2015 sin que la administración de justicia haya actuado antes.

            Por lo que se refiere a la posibilidad de sustracción a la acción de la justicia, no se pude presuponer de una forma lógica la existencia de tal posibilidad en unas personas que acuden voluntariamente y por sus propios medios a una citación  de un órgano judicial radicado a más de quinientos quilómetros de sus domicilios porque para abandonar el país, como ha demostrado el propio Carles Puigdemont, han tenido tiempo más que suficiente y no lo han hecho. Además todos ellos tienen domicilio conocido, arraigo probado en nuestro país y existen otras medidas cautelares menos gravosas, como la personación apud acta  ante el juzgado cada semana o cada quince días y la retirada del pasaporte, que sirven sobradamente para garantizar la presencia de los investigados en el acto del Juicio Oral. Además es de considerarse que son personas muy conocidas, sobre todo Oriol Junqueras, lo que dificulta su ocultamiento y que siempre se les puede someter a una discreta vigilancia por parte de las autoridades policiales correspondientes, todo ello sin entrar a considerar que sin pasaporte al único lugar donde podrían fugarse sería a un estado de la Unión Europea donde se podría dictar una Orden Europea de Detención y Entrega que es poco más que una Orden de Búsqueda y Captura nacional y que, como dijo un ministro del gobierno de Rajoy refiriéndose a los jóvenes que se veían obligados a emigrar por motivos económicos, salir de España para ir a estados de la Unión Europea no es abandonar el país.

Finalmente, y en lo referente a la repercusión o alarma social suscitada hay que indicar que dicha repercusión se viene dando, como muy poco, desde hace unos cinco años como demuestra la cantidad de noticias que el llamado "Procés" ha generado en todos los medios de comunicación. Desde hace un lustro, como mínimo, los únicos que parecían que no estaban alarmados con la deriva que estaban tomando los acontecimientos en Cataluña eran los señores Magistrados, Jueces, Fiscales y Abogados del Estado que se dedicaron a mirar para otro lado con lo que, si en realidad existiese algún delito de los que se pretenden imputar a los cesados miembros del Gobierno Catalán, ellos mismos también lo habrán cometido por una manifiesta negligencia "In Vigilando", tan gigantesca que solo podría tener relevancia penal.

            Evidentemente, todo este proceso que, hasta el momento, ha culminado con la prisión provisional del Vicepresidente de la Generalitat y de siete Consejeros del Gobierno Catalán ha sido un proceso públicamente planteado y ejecutado a lo largo de un prolongado espacio de tiempo durante el cual las autoridades políticas y judiciales del estado español han tenido sobrado conocimiento del mismo, aunque solo fuera por lo que  se podía oír en las emisoras de radio, y ante el cual no han hecho nada en absoluto para atajarlo en su momento por lo que, si bien no nos encontramos ante un delito provocado, bien podríamos considerar que estamos ante una delito tolerado y permitido por los poderes del estado y tolerado durante tan largo tiempo que el pretender hacer valer ahora, en este preciso momento, la legalidad cuando se ha podido hacer mucho antes y no se ha hecho no deja por menos que sorprender, permitiendo interpretar que estamos ante una clara y manifiesta aplicación arbitraria de la ley al aplicarse ésta solo en el momento y con el grado que interese.

            La desproporcionada actuación judicial del pasado 2 de Noviembre de 2017, viene a justificar los argumentos de Carles Puigdemont en Bruselas sobre la "terrible represión" que iba a desencadenar el estado en Cataluña y, nuevamente, permite presentarse al independentismo catalán como víctima de una "durísima persecución" echando leña, más bien gasolina, al fuego de la crisis abierta entre Cataluña y el resto de España cuya explicación se encuentra fuera de toda lógica.

            Fuera de toda lógica, salvo que... todo responda a una enorme cortina de humo que esté haciendo que el tema de Cataluña monopolice absolutamente todo permitiendo que pase a un segundo plano el incremento del paro y de la pobreza en España o la aprobación del Acuerdo Económico y Comercial Global (CETA) con Canadá y que deja en un juego de niños al Tratado Transatlántico  de Libre Comercio (TTIP). También puede ser una maniobra electoralista para permitir al Partido Popular reforzar su mayoría parlamentaria en las próximas elecciones generales dependiendo para gobernar exclusivamente de sí mismo o, todo lo más, de "Ciudadanos" y hundiendo por completo a la izquierda que representa PODEMOS, que según las encuestas pierde un tercio de sus votos, y al PSOE, que se descompone por momentos y a ojos vista. Igualmente, es casi seguro que estemos ante un movimiento de autojustificación de unas instituciones que pretenden demostrar que la autoridad y el Estado de Derecho existen aunque el segundo se encuentre en una nítida fase de degeneración y la primera se ejerza mal y a destiempo.

            No nos cansaremos de repetirlo y lo repetiremos una vez más. En toda esta crisis entre catalanes y catalanes y el resto de españoles, que ya se prolonga demasiado, el bien supremo a proteger no es la legalidad constitucional, ni las prebendas de unos funcionarios garbanceros ni la ambición de unos políticos alejados de toda finalidad de servicio público. El bien supremo a proteger, política y jurídicamente, es la unidad de convivencia que suponen Las Españas y para ello se debe empezar a trabajar para cerrar la fractura abierta entre Cataluña y el resto de España al igual que se trata una profunda herida abierta para favorecer su cicatrización (lentamente y de dentro a fuera), haciendo pedagogía y alejándonos tanto de posiciones separadoras como separatistas y desde luego, sépalo el Gobierno, la Fiscalía y los Tribunales, metiendo a la gente en la cárcel no es la mejor manera de iniciar tan ardua tarea.




El Cristo Negro de Montejurra

El Cristo Negro de Montejurra
El Chouan Ibérico se suma a la iniciativa de la bitácora “Reflexión Crítica” y esta imagen estará presente en “El Chouan” mientras no cese la campaña contra los católicos en España.

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