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lunes, 24 de marzo de 2014

“DESGRACIADOS LOS PUEBLOS QUE NECESITAN HÉROES”

El pasado Domingo, 23 de Marzo del 2014, fallecía en la Clínica Cemtro de Madrid el último Secretario General del Movimiento del Régimen Franquista y el primer Presidente del Gobierno del actual Estado Constitucional, don Adolfo Suárez González, sucediéndose en las horas inmediatamente posteriores al anuncio de su fallecimiento numerosas muestras de reconocimiento a su persona procedentes de todo el espectro político con una clara intención de elevarlo a la condición de icono arquetípico de la política española al que rendir  algún tipo de culto.

            Dejando a parte su fulgurante carrera en el régimen anterior que culminó con su nombramiento como presidente del gobierno en Julio de 1976 por parte de Su Excelencia el Jefe del Estado a Título de Rey; don Adolfo Suárez fue, indiscutiblemente y por derecho propio, el Deus Ex Machina (1) que puso fin al Régimen Franquista transformándolo mediante la llamada “Transición” y por tanto es la causa primera, y posiblemente única, del actual régimen político español y del existente estado de cosas. 
           
           Tras la muerte de Franco, el 20 de Noviembre de 1975, se pudo optar por liquidar la totalidad de su régimen político, depurar las responsabilidades que hubiera que depurar y abrir un verdadero proceso constituyente con todas las consecuencias en el que se plantearan, discutieran y aprobaran con la mayor participación ciudadana posible todas las grandes cuestiones básicas sobre las que se constituiría un nuevo estado democrático tales como la forma de gobierno, la vertebración territorial del estado, etc... En vez de  eso, don Adolfo Suárez optó por que, desde el propio Régimen Franquista se pactase con determinadas fuerzas políticas de la llamada “Oposición” para que, partiendo de las Leyes Fundamentales del Movimiento; se evolucionase hacia otro tipo de régimen en el que se conservara lo que buenamente se pudiera conservar del anterior como la forma de la Jefatura del Estado. Esto es lo que se dio a llamar “A la ley desde la ley”, frase muy celebrada en su momento y que no deja de ser “el pecado original” del actual régimen político español porque lo que ella encierra es que el Régimen Franquista evolucionó hacia el actual estado constitucional por lo que, en pura lógica, el primero pervive, de alguna forma, en el segundo. La consecuencia de esta evolución no podía ser otra que la creación del estado de ficción democrática o de democracia deficitaria en el que vivimos y que se justifica en base a que “no se podía hacer otra cosa en aquel momento” cuando es más que dudoso que existiera un peligro real de involución. A este respecto lo que debería de plantearse es el por qué fuerzas que supuestamente eran democráticas y que estaban contra el Régimen Franquista aceptaron aquel “A la Ley desde la Ley que venía a equivaler al supuesto de que la entonces República Federal Alemana se hubiera constituido partiendo de las leyes del III Reich.

            Ciertamente, bajo el gobierno de don Adolfo Suárez se legalizaron todos los partidos políticos pero siempre después de que se adhirieran incondicionalmente a su “Proyecto de Reforma Política” (como fue el caso del Partido Socialista Obrero Español y del Partido Comunista de España) u oportunamente a destiempo para que quedasen descolgados y no pudieran participar en las primeras convocatorias electorales (como fue el caso del Partido Carlista y del Movimiento Comunista). 
           
Se ha dicho que don Adolfo Suárez fue muy vilipendiado mientras permaneció en la vida política activa y que no gozó de un merecido reconocimiento, pero es que, como dijo Napoleón III, “quien sirve al estado sirve a un ingrato” y don Adolfo Suárez González, lejos de ser el estadista que nos quieren presentar, solo fue un excelente servidor del estado.

            En servicio al estado no dudó en jurar ante Francisco Franco las “Leyes Fundamentales del Movimiento” y, siendo Director General de Televisión Española, negarse a retransmitir la boda de la nieta del dictador con don Alfonso de Borbón por lo que tal retransmisión pudiera suponer de competencia para el designado sucesor del entonces Jefe del Estado. Igualmente como buen servidor del estado no dudó en convertirse en el Camarada Ministro “Secretario General del Movimiento”, Ministerio éste que disponía de una partida presupuestaria pública y de unos medios de prensa propios que fueron utilizados para alentar, entre Abril y Mayo de 1976, la llamada “Operación Reconquista” que culminó con dos muertos y varios heridos en los actos de Montejurra de ese año.  Y finalmente, en servicio al estado no dudó don Adolfo Suárez en dimitir en 1981 como Presidente del Gobierno cuando se decidió prescindir de sus servicios. 

            Don Adolfo Suárez ha fallecido precisamente cuando todo el Régimen político que él decididamente fundó hace treinta y ocho años lleva casi una década en coma irreversible y amenaza con morir al carecer de credibilidad, ser masivamente cuestionado y presentar importantes síntomas de hundimiento y desintegración. Ante esto, la casta política imperante con ayuda de la casta mediática en un desesperado intento de salvar lo insalvable ya ha empezado a la divinización de la figura de don Adolfo Suárez presentándolo a la generalidad de la ciudadanía española como un héroe que robó al tirano las libertades secuestradas como Prometeo robó el fuego a los Dioses para dárselo a los hombres, pero todo ello no es más que pura leyenda que, de ser mayoritariamente aceptada como verdad, demostrará que el pueblo español necesita de mitos y de héroes y, recordemos a Berthold Brecht: “desgraciados los pueblos que necesitan héroes”.



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(1) “Deus ex Machina” (Dios de la Máquina) hace referencia a un elemento externo que resuelve una historia sin seguir su lógica interna. Evidentemente Adolfo Suárez fue el elemento que resolvió la cuestión de lo que pasaría con el Régimen Franquista después de la muerte de Franco mediante la llamada “Transición”.

jueves, 20 de marzo de 2014

EL POSIBLE SOFISMA DE LA REFORMA FISCAL


El gobierno promete que bajará los impuestos
Sofisma.- Razón o argumento aparente
con que se quiere defender
o persuadir lo que es falso. 

            El actual Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, debe estar muy preocupado por los resultados de las próximas elecciones generales y ha empezado a difundir interesadamente el bulo o rumor de que su Ministerio esta estudiando una rebaja de impuestos para el año 2015 que, curiosamente, es el año de las elecciones y bien digo bulo o rumor porque esas raras aves que anidan en el Palacio de la Carrera de San Jerónimo, cuya extraña peculiaridad consiste en que no emigran nunca, no dejan de ser unos pajarracos que solo emiten graznidos cacofónicos de mal augurio. De hecho, la misma semana en que se anunciaba la rebaja de impuestos para el año que viene se hacía público el informe de una “Comisión de Sabios” a la que se había encargado, es de suponer que por el actual gobierno del Partido Popular, un estudio sobre la Reforma Fiscal, siendo sus conclusiones de lo más desalentadoras y contrarias a una rebaja de impuestos.

            El informe de dicha “Comisión de Sabios” sugiere igualar el tipo reducido del Impuesto sobre el Valor Añadido (I.V.A.) al general, con lo que se incrementaría del diez al veintiuno por ciento, eliminar la deducción por adquisición de vivienda habitual y que esta se imputase como renta en la declaración del Impuesto sobre las Personas Físicas (I.R.P.F.) en vez de permanecer exenta como hasta ahora (actualmente solo los propietarios de segundas y siguientes viviendas sufren una imputación de rentas en su declaración equivalente al 1´1 por ciento del valor catastral de las mismas), crear un impuesto universal de sucesiones para todos los españoles que gravara con un mínimo de un cuatro o un cinco por ciento todas las transmisiones Mortis Causa y la reducción del Impuesto de Sociedades.

            En definitiva, la tendencia de la “Comisión de Sabios” es bajar los impuestos de los que tienen suficiente capacidad económica para constituir sociedades, aunque estas sean meramente patrimoniales, introducir rentas ficticias hasta ahora exentas en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas a fin de aumentar la base imponible de este impuesto y, sobre todo, incrementar los impuestos indirectos.

            Aunque el gobierno del Partido Popular ya ha adelantado que no está en la obligación de hacer caso a esta “Comisión de Sabios”, lo cierto es que deja muy claro a los ciudadanos por donde pueden ir los tiros de la tan cacareada “Reforma Fiscal”.

            En primer lugar, la posible reducción del Impuesto sobre las Rentas de las Personas Físicas (I.R.P.F.) obedece más a la realidad que a un generoso deseo del gobierno de hacer justicia porque la realidad indica que en España las rentas procedentes del trabajo y del capital mobiliario han disminuido en los dos últimos años y con ellas los ingresos del estado en virtud de los impuestos que las gravan. Así, por ejemplo, si un ciudadano español tenía hace dos años unas rentas de 1.000.- Euros que eran gravadas con un 20 por ciento el estado ingresaba en concepto de impuestos sobre la renta 200.- Euros, pero si en el presente las rentas de ese mismo ciudadano se han visto reducidas, por las razones que sean, a 800.- Euros el estado, manteniendo el mismo tipo de gravamen, solo ingresará 160.- Euros, es decir, ingresará 40.- Euros menos; haciendo imprescindible, si desea mantener la misma recaudación por estos conceptos, que tenga que incrementar el tipo de gravamen que en el caso concreto del ejemplo quedaría fijado en el 25 por ciento. Evidentemente, ningún estado haría esto porque ello equivaldría al dejar al ciudadano con menos renta disponible avocándole al umbral de la pobreza por una política fiscal confiscatoria.

            Por lo tanto, tal vez la intención del gobierno pueda ser aparentar que rebaja el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas reduciendo el tipo de gravamen pero al mismo tiempo incrementar la base imponible del Impuesto con la incorporación de nuevas “imputaciones de renta” lo que en realidad supondría mantener la presión fiscal al mismo nivel que ahora o, incluso, incrementarla ligeramente. Las “imputaciones de renta”, que en nuestro país de momento solo se aplican a segundas y posteriores viviendas, como su propio nombre indica  son rentas ficticias que no tienen por qué existir realmente ni percibirse y que el recaudador atribuye unilateralmente al contribuyente por el mero hecho de poseer un bien no teniendo en cuenta para nada la cantidad de renta real que el contribuyente dedica al mantenimiento de ese bien y el extenderlas a la vivienda habitual sería una vulneración del Derecho Fundamental a una vivienda digna consagrado en la Constitución de 1978, porque gravar un Derecho Fundamental solo puede responder a la intención de que el mismo no se ejerza. No obstante no es de esperar que este gobierno se detenga ante la posible inconstitucionalidad de una decisión política ya que en otras ocasiones no ha dudado en violentar la Constitución como por ejemplo cuando ha negado el derecho a la tutela judicial efectiva y la gratuidad de la justicia con la implantación de las llamadas “Tasas Judiciales”.

Pero al final, el ciudadano pagará lo mismo o quizás más
            En segundo lugar, todo parece indicar que la intención del gobierno puede ir orientada igualmente a subir los impuestos indirectos como el IVA, los diferentes impuestos sobre hidrocarburos, etc. Los impuestos indirectos constituyen la gran panacea de cualquier estado ávido de recaudar: gravan el consumo de determinados bienes y servicios, los pagan todos los contribuyentes/consumidores, pasan inadvertidos en la mayoría de los casos y no discriminan a nadie por razón de su capacidad económica. Una subida de los impuestos indirectos provocará irremediablemente una subida generalizada de precios que a su vez provocará un empobrecimiento mayor entre la población que se verá obligada a dedicar más renta a comprar lo que antes compraba por menos. Alguien podría argumentar que la mejor forma de combatir el efecto de los impuestos indirectos es reduciendo el consumo, pero afirmar tal cosa es un grave error porque hay bienes como los de primera necesidad cuyo consumo es prácticamente obligado y tampoco se puede considerar a los impuestos indirectos como igualitarios porque, aunque todos los ciudadanos sin distinción quedan obligados a su abono, estos impuestos no afectan por igual a la economía doméstica de un magnate de las finanzas que a la de un trabajador que solo percibe el salario mínimo.

            Finalmente, es de considerar que si los tipos impositivos se bajan el año que viene pero permanecen más altos que los que existían al comienzo de la andadura del Gobierno del señor Rajoy, en realidad no habrá existido una bajada de impuestos sino que, por el contrario, se estará perseverando en su subida.

            En definitiva, que la tan traída y llevada “bajada de impuestos” que se propone hacer el gobierno no es más que un anuncio electoralista que, con apariencia de lo contrario, supondrá una subida de impuestos en el sentido de que los españoles tal vez tengan menos retenciones mensuales en sus nóminas pero luego tengan que pagar más cuando realicen la declaración anual de la renta o incluso que, pagando menos en concepto de Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, tengan que pagar más en concepto de todo tipo de impuestos indirectos. Y es que el pueblo español debe empezar a comprender que cuando algún miembro de la casta política imperante habla de “cambios” para favorecer el “progreso” siempre se termina tratando de cambios que perjudican la calidad de vida de la mayoría de los ciudadanos y favorecen el progreso particular de quienes los promueven.

miércoles, 12 de marzo de 2014

LA NUEVA LEY DE SEGURIDAD CIUDADANA



Cambian las leyes y el color de los uniformes, pero el espíritu es idéntico
La semana pasada, con poca transcendencia al general conocimiento de los ciudadanos, se publicó la noticia de que el Ministerio de Asuntos Exteriores Español había instruido a los embajadores en el extranjero para justificar la llamada “Ley de Seguridad Ciudadana” explicando que “no se trata de castigar más, sino castigar mejor, es decir, con mayores garantías” y que la pretensión de esta nueva ley “no es defender a los políticos, sino proteger la democracia”.

            Esta iniciativa del Ministerio de Asuntos Exteriores por una parte excede las competencias de ese Ministerio, que estrictamente son las de velar por los intereses del Estado Español y de sus ciudadanos en el extranjero y no hacer propaganda o justificación de los actos de gobierno, salvo que el gobierno en cuestión, ya identificado con un partido, se identifique también con el estado mismo, cosa que suele ocurrir en los estados totalitarios. Por otra parte las justificaciones que se pretenden dar en el extranjero a esta Ley resultan de un ínfimo nivel intelectual y moral porque la existencia de cualquier ley represiva, incluso del propio Código Penal, no es más que un mal necesario y como tal su más mínima aplicación punitiva no es jamás un alegre deseo sino una muy triste necesidad de la que ningún estado puede sentirse orgulloso salvo que, de nuevo, se sienta en cierta manera identificado con determinadas experiencias políticas totalitarias (1). De hecho, que un Ministerio de Asuntos Exteriores tenga que justificar ante los distintos estados miembros de la Comunidad Internacional el texto de una ley represiva es una cosa que tan solo la Italia Fascista y la Alemania nazi habían realizado con anterioridad y no porque les importase las opiniones de otros estados sino simplemente por mantener su apariencia de respetabilidad.

            Y es que la Ley de Seguridad Ciudadana que ha redactado el gobierno del Partido Popular, lejos de “castigar con mayores garantías” castiga más tipificando como faltas sancionables nuevas conductas individuales y colectivas, castiga peor, es decir, con menos garantías, privando al ciudadano de numerosos derechos al flanquear el artículo 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal e imponerle la autocensura a fin de no incurrir en faltas que puedan conducirle a la más absoluta ruina económica y crea, que no inventa, una nueva figura de autoridad similar a la del “Policía Auxiliar”.

            Dentro de las nuevas conductas que se tipifican como faltas “graves” sancionables con multas de mil a treinta mil euros se encuentra la convocatoria y asistencia a “manifestaciones y reuniones sin autorización o que infrinjan la ley de reunión y la negativa a disolver las acordadas por la autoridad”. A este respecto es de indicar que según nuestro ordenamiento Constitucional y hasta el momento presente la “reunión pacífica y sin armas no precisa autorización” sino simplemente una notificación  a las autoridades competentes a fin de que estas prevean el dispositivo oportuno para no dificultar el libre tráfico de los ciudadanos ajenos a la convocatoria. Por otra parte, la nueva Ley limita al extremo el derecho de reunión y manifestación porque una convocatoria totalmente legal, comunicada y autorizada debidamente se puede convertir en ilegal al establecer que el mando de la fuerza policial pueda, en cualquier momento y sin autorización judicial previa, ordenar la disolución de la manifestación pudiéndose convertir así cualquier reunión en ilegal y sus asistentes y/o convocantes incurrir en objeto de sanción económica. En este sentido y a modo de ejemplo, podemos imaginarnos una concentración en una plaza de cualquier ciudad española que goza de todas las autorizaciones administrativas pertinentes y que puede convertirse en una reunión ilegal si a los cinco minutos de la hora prevista para su comienzo el mando de la fuerza pública que asiste a la misma para cuidar del orden público ordena su disolución, caso éste que es muy probable que ocurra en numerosos casos al capricho del Gobernador Civil (perdón, Subdelegado del Gobierno). Así pues, esta Ley de Seguridad Ciudadana abre la puerta, no a la limitación del derecho de manifestación y reunión, sino a su misma supresión efectiva.

A la derecha el prototipo del policía auxiliar
            Por otra parte la nueva Ley de Seguridad Ciudadana sanciona también como faltas “graves” en vía administrativa y con multas económicas de idéntica cuantía, conductas ya sancionadas por el actual Código Penal como los “Desórdenes graves en vía pública o provocar incendios que representen un peligro para las personas o bienes” (falta que equivaldría a los actuales delitos o faltas de daños y delitos contra el Orden Público), la “Desobediencia o resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones y la negativa a identificarse” (falta que equivale a las actuales faltas o delitos de atentado a la autoridad) o “el cultivo de drogas” (falta que equivale al actual delito contra la salud pública). Siendo de suponer que la inclusión de la sanción de estas conductas en la vía administrativa puede implicar su despenalización, no es para nada causa de regocijo y de menor represión porque los hechos que se enjuician en vía penal conceden al reo los derechos previstos en el artículo 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la sanción solo se impone después de que se hayan probado los hechos en un juicio sometido a los principios de inmediación, contradicción e igualdad de partes donde el acusado cuenta con asistencia letrada, teniendo además derecho a recurrir la resolución ante una instancia judicial superior y siempre siendo supervisada la ejecución de la sentencia condenatoria por un Juez. En cambio la sanción en vía administrativa requiere una simple denuncia de unos agentes de la autoridad tras la cual el sancionado recibirá una notificación del inicio del expediente sancionador contando con quince días para hacer alegaciones que si son desestimadas le podrán suponer unas costas y, además, en este supuesto el denunciado solo podrá recurrir a la vía judicial Contencioso-Administrativa donde tendrá que pagar las famosas tasas judiciales instituidas por el señor Ministro de Justicia y contratar a un abogado salvo que sea beneficiario del derecho de Justicia Gratuita. Por último también resultará que una vez recibida la carta de pago para hacer efectivo el abono de la multa, si este no se hace en el tiempo establecido para ello la administración procederá por la vía de apremio, y utilizando toda la información que posea del administrado (principalmente información fiscal proporcionada por la Agencia Tributaria), a retirar la cantidad de la multa más los intereses devengados de cualquier cuenta bancaria que se encuentre a nombre del sancionado y todo ello sin autorización ni supervisión judicial. Es decir, la nueva Ley de Seguridad Ciudadana viene a burlar el derecho de los ciudadanos a un juicio justo.

            Finalmente, esta nueva Ley de Seguridad Ciudadana también tiene previsto que las empresas de seguridad privadas y sus vigilantes puedan colaborar en la disolución de reuniones y manifestaciones y, asimismo, puedan identificar a personas consideradas sospechosas. Esto supone elevar a condición de “agente de la autoridad” a cualquier empleado de una empresa de seguridad, los cuales hasta ahora solo poseen tal condición en el interior de los espacios cerrados donde se encuentran ejerciendo sus funciones y además implica, en puridad lógica, que las empresas de seguridad privada y sus empleados tengan acceso a las bases de datos de las fuerzas de seguridad del estado a fin de contrastar las identificaciones y poder saber si el identificado se encuentra o no en alguna requisitoria judicial. En definitiva se permitirá que numerosos datos de carácter privado terminen siendo manejados por empresas privadas y además se vendría a crear la figura, típica de los estados totalitarios, del “Policía Auxiliar”.

Junto con el nuevo cañon de ruido se volverá a usar el cañon de agua
            Finalmente, junto con la redacción de esta Ley de Seguridad Ciudadana y, tal vez como complemento  a la misma, el gobierno ha previsto la adquisición de nuevo material antidisturbios para combatir los desórdenes callejeros. Si la utilización de las pelotas de goma que utilizan los miembros de las Unidades de Intervención Policial y las unidades antidisturbios de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado resulta tan controvertida que el Ministerio del Interior ha tenido que ordenar a la Guardia Civil que no las utilice contra los inmigrantes que intentan traspasar la valla fronteriza entre Marruecos y las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla (2), no es menos controvertido el gasto de casi medio millón de Euros que tiene previsto efectuar dicho Ministerio (y también algunas consejerías de seguridad de gobiernos autonómicos) en la compra de varios “cañones de agua”. En primer lugar la controversia surge, en el caso concreto del Ministerio del Interior, porque supone un gasto claramente estúpido ya que, al parecer, el Cuerpo Nacional de Policía ya dispone de cinco vehículos dotados de cañones de agua a presión que, afortunadamente, llevan sin utilizarse más de veinte años a pesar de las decenas de miles de manifestaciones, huelgas y disturbios callejeros que han existido en este ultimo “Ventenio de la Era Constitucional” siendo tan claramente un capricho innecesario la compra de un nuevo vehículo de esta clase a costa el erario público que solo se puede justificar lógicamente porque alguien, presuntamente, tiene que cobrar alguna comisión y en segundo lugar la controversia existe porque si ya esta probado que las “inofensivas” pelotas de goma pueden producir lesiones irreversibles ¿Qué lesiones podrá ocasionar un chorro de agua arrojado a una presión mínima de diez bares, que de impactar directamente, puede lanzar sin control a un individuo a decenas de metros de distancia al igual que una onda expansiva?.















 















(1) Un estado puede sentirse orgulloso del trato que dispensa a sus presos, pero no del hecho de que tenga más o menos presos que el estado de al lado. Un estado puede sentirse orgulloso de una política penitenciaria que lleva a un porcentaje significativo de condenados a la reinserción o a la no reincidencia, pero no de la mayor dureza de sus penas…



(2) Resulta extremadamente significativo que se haya ordenado a las fuerzas de seguridad no emplear pelotas de goma contra los pobres inmigrantes que intentan acceder a una vida mejor superando la valla fronteriza entre las ciudades autónomas españolas de Ceuta y Melilla y Marruecos y que no exista una orden similar que prohíba el empleo de estas mismas pelotas de goma contra los ciudadanos españoles que, manifestándose en demanda de pan y trabajo, sobrepasan las líneas policiales que cierran el acceso a determinados edificios institucionales. En puridad lógica, si la utilización de pelotas de goma es perjudicial, lo debe ser en todos los casos sin que exista discriminación por razón de lugar donde se utilizan o por razón del sujeto contra las que se utilizan.

lunes, 10 de marzo de 2014

COMUNICADO DE LAS DAMAS Y CABALLEROS VALENCIANOS DE LA REAL ORDEN DE LA LEGITIMIDAD PROSCRIPTA


Comunicat de les dames i cavallers valencians de la Reial Orde de la Legitimitat Proscrita.
Com a carlistes valencians i components de la ROLP, en referència a la carta d'En Carles Xavier de Borbó Parma amb motiu de la commemoració del dia dels Màrtirs de la Tradició, volem expressar-li el nostre respecte i adhesió, tant a la seua persona com al contingut de la carta.
  • Enaltim i compartim este dia tan assenyalat per a la nostra Família Reial i per al conjunt dels carlins.
  • Li renovem la nostra lleialtat i assumim la seua trajectòria i la dels seus antecessors.
  • Reconeixem i estimem el seu sacrifici per la defensa dels nostres ideals.
  • Al seu costat continuarem lluitant per la nostra Causa per a aconseguir un món millor, més solidari, més lliure, sostenible i en pau.
  • Honrem en la persona d'En Carles Xavier a la dinastia Borbó Parma i a tots els nostres anteriors Reis, per la seua abnegació i compromís amb les Espanyes.

10 de març de 2014

Trinidad Ferrando (València), María Vilar (Artana), Mª Luisa Martín (València), Antonio Gil (Altura), Josep M. Sabater (València), Francisco Puchol (l'Alcora), Leandre Adsuara (Vila-real), Josep Mirallles (Castelló), Antonio Torres (València), Frederic Torres (València).

Comunicado de las damas y caballeros valencianos de la Real Orden de la Legitimidad Proscrita.
Como carlistas valencianos y componentes de la ROLP, en referencia a la carta de Don Carlos Javier de Borbón Parma con motivo de la conmemoración del día de los Mártires de la Tradición, queremos expresarle nuestro respeto y adhesión, tanto a su persona como al contenido de la carta.
  • Enaltecemos y compartimos este día tan señalado para nuestra Familia Real y para el conjunto de los carlistas.
  • Le renovamos nuestra lealtad y asumimos su trayectoria y la de sus antecesores.
  • Reconocemos y estimamos su sacrificio por la defensa de nuestros ideales.
  • A su lado continuaremos luchando por nuestra Causa para conseguir un mundo mejor, más solidario, más libre, sostenible y en paz.
  • Honramos en la persona de Don Carlos Javier a la dinastía Borbón Parma y a todos nuestros anteriores Reyes, por su abnegación y compromiso con las Españas.
10 de marzo de 2014

jueves, 6 de marzo de 2014

MENSAJE DE DON CARLOS JAVIER DE BORBÓN PARMA CON MOTIVO DEL DIEZ DE MARZO

Comunicado Original
La Real Orden de la Legitimidad Proscripta, (R.O.L.P.) ha remitido el mensaje que don Carlos Javier de Borbón Parma ha querido dirigir a todos los carlistas con motivo de la próxima conmemoración del día de "Los Mártires de la Tradición", el 10 de Marzo.

Al "Chouan Ibérico" le complace transcribir a continuación las palabras de don Carlos Javier para su público conocimiento:



DÍA DE LOS MÁRTIRES DE LA TRADICIÓN 2014



Carlistas:

         En la jornada que instituyó Carlos VII el 10 de marzo de 1895  para que los carlistas honremos la memoria de nuestros mártires, unido con todos vosotros, junto a mi esposa y el resto de la dinastía, mis hermanos y tías, me sumo a vuestras plegarias para compartir su recuerdo.

         Quiero evocar la lucha de  todos aquellos carlistas que a lo largo de casi dos siglos han dado su vida en defensa de nuestros ideales. También de los muchos hombres y mujeres que por su defensa del Carlismo han padecido  persecución, han sido encarcelados, privados de su libertad, despojados de sus bienes, separados de sus familias, calumniados o forzados al silencio y al exilio.

De estos dramas no ha estado exenta mi propia familia.  Recordemos que  tanto mi abuelo Don Javier, como mi Padre Don Carlos Hugo  y mis tías, fueron perseguidos y desterrados de nuestra patria por el general Franco.

Quiero rememorar especialmente en este aniversario a mi abuelo, el viejo Rey Javier, al cumplirse 70 años de su encarcelamiento por la Gestapo e internamiento en el campo de exterminio de Dachau, por causa de su defensa de las libertades democráticas frente a las tropas de ocupación del III Reich.

También hoy es un  día de esperanza y os requiero a  que todos juntos y en unión renovemos el compromiso con nuestra Causa.  Haciendo especial hincapié en la lucha por la justicia y la libertad de las personas  y los derechos de los pueblos.

         Os animo a que compartamos también nuestra solidaridad con todos aquellos que anhelan una sociedad más justa, más sostenible y más comprometida, y que nos unamos en la lucha contra las desigualdades, la corrupción y todo tipo de atropello a los derechos humanos.

         Recibid un fuerte abrazo.


Carlos Javier de Borbón Parma


Marzo 2014 

El Cristo Negro de Montejurra

El Cristo Negro de Montejurra
El Chouan Ibérico se suma a la iniciativa de la bitácora “Reflexión Crítica” y esta imagen estará presente en “El Chouan” mientras no cese la campaña contra los católicos en España.

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